Ecuador se une a los países que legislan contra la obsolescencia programada

El año pasado la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Si bien la ley se enfoca principalmente en los sistemas de propiedad intelectual y educación superior, también ha dado cabida en su articulado a la obsolescencia programada.

La ley ha definido a la obsolescencia programada como

El conjunto de técnicas mediante las cuales un fabricante, importador o distribuidor de bienes reduce deliberada e injustificadamente su duración, en la creación o a través de la modificación del producto, con objeto de aumentar su tasa de reemplazo.

Y en su disposición general vigésima primera indica que

Las instituciones públicas deberán realizar un control aleatorio de sus bienes [posterior] a la adquisición, para verificar que estos no sufran de obsolescencia programada.

La revisión la realizará el Servicio Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). En caso de incumplirse la norma, se podrían aplicar multas e incluso pena de cárcel según la legislación vigente y además los proveedores no podrán volver a contratar con el Estado indefinidamente.

A pesar de que la normativa establece la pena para compras públicas. El último literal del artículo parece además hacerla aplicable a transacciones comerciales privadas en cuanto señala que se generarían sanciones administrativas y penales, “cuando se compruebe la obsolescencia programada en el comercio entre particulares, a través de los órganos correspondientes”.

Pese a que ya existe legislación contra la obsolescencia programada, la aprobación de la ley constituye un precedente internacional pues es la primera vez que se pretende luchar contra ella en un sistema nacional de compras públicas. Pese a que esto podría representar un avance para aquellos que buscan productos con más durabilidad, queda por ver si la legislación vigente —que incluye a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Control del Poder del Mercado y el Código Orgánico Integral Penal— se adecua a la disposición y las medidas a implementarse por las instituciones a cargo de hacer cumplir esta normativa.

Imagen de portada: Overconsumption por Christopher Dombres (Dominio Público)

El ‘código ingenios’ no va a matar a nadie

Este artículo fue originalmente publicado en Gkilkcity.com

Apenas se publicó El Código Ingenios podría matar el emprendimiento tecnológico me sentí aludido: he defendido públicamente la obligatoriedad del Estado de comprar software libre, una de las posiciones atacadas en el artículo. La otra mitad del artículo, critica la disposición que obligaría a cualquier empresa tecnológica a pagar 10% de regalías a los programadores de software. Un derecho que sería irrenunciable y que, a decir del autor, generará más negocio para los países vecinos. Por eso, dice Matthew, la aprobación del Código Ingenios sería “desastrosa para la creación de industrias de conocimiento y el sueño de cambiar la matriz productiva”. Pero no es tan cierto: el Código Ingenios no es la amenaza que pinta Matt.

Empezaré haciéndole una concesión: la disposición que obliga a remunerar con 10% a los programadores de software es una preocupación legítima. De hecho, ha sido observada por personas que trabajan en empresas de software libre y propietario. Entonces, ¿por qué existe ese artículo? La razón es sencilla: el código fuente de un programa se protege dentro de la misma categoría que otros derechos de autor. Lo que estuvo pensado como un derecho irrenunciable para escritores y compositores, terminó siendo un “beneficio” indirecto para el programador. Como bien señala Matt, nadie en el sector tecnológico va a invertir en un producto que lleva consigo un impuesto de vida del 10%. Según Alejandra Villacís, Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología de la SENESCYT, ya existen acercamientos entre la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) y la Secretaría, quienes tienen apertura a ceder en este punto. De concretarse, se eliminará la disposición del artículo 111 en lo que a software concierne. Esto deberá verse reflejado en el texto de ley presentado para segundo debate, sino queremos que arda Troya.

Con la obligatoriedad de usar software libre en el Estado, sin embargo, no existe tal acuerdo, pero antes de continuar con las respectivas argumentaciones, debo hacer un disclosure: partes de esa propuesta de ley fueron trabajadas por el equipo de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT) del que formé parte. Desde sus inicios en enero de 2014 hasta julio de 2015, fui el administrador de contenidos de la wiki donde se recogían las observaciones hechas a la ley. Leía los comentarios del público y era el encargado de reportar a cada una de las direcciones de la Secretaría. Por eso vi cómo modificaban los artículos de ley cuando se consideraba pertinente. Gracias a eso, por ejemplo, se estableció el derecho a la sátira como un uso justo al derecho de autor. Otra de mis funciones era monitorear los comentarios hechos en páginas web, facebook, twitter y medios, e incluirlos como observaciones en la wiki, para que todas las otras personas puedan opinar. Incluso abrimos un par de secciones especiales, la primera para discutir el marco regulatorio para gobernanza de internet (tristemente muchas de estas propuestas de sociedad civil no se pudieron incluir en el texto final), y otra sobre la remuneración compensatoria por copia privada —un tema que, pese a ser complejo, generó una acalorada discusión. Fuera de línea, acompañé al personal de la institución a capacitaciones en institutos de investigación donde no sólo se enseñaba cómo usar la herramienta wiki, sino que se recogían comentarios con lápiz y papel. Muchos empresarios ecuatorianos que hacen parte de la Asociación Ecuatoriana de Software y de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación también hicieron parte del proceso.

Volvamos al tema de la obligatoriedad de la compra pública de software libre. Matthew dice que el Estado —que representa una parte importante de la demanda en el mercado ecuatoriano— es indispensable para que algunos de los pequeños productores puedan crecer y escalar. En efecto, existen empresas que se han apalancado en el Estado para posicionarse en el mercado internacional, pero el Estado está migrando su demanda, no eliminándola. Las empresas están en capacidad de migrar su modelo de negocios, y esa es la tendencia mundial.

Además, trabajar con software libre presenta ventajas adicionales que ayudan a las empresas a expandirse a nivel internacional. Al no tener que pagar licencias a empresas extranjeras, el costo de producción disminuye y, a un costo menor, se incrementan los potenciales clientes. Esto es lo que ha permitido a Elastix, una empresa ecuatoriana de software libre, expandirse al mercado mundial, ser traducido a más de veintidós idiomas y contar con más de tres millones de descargas. Liberar el código fuente del programa fue una ventaja, no un impedimento. Las empresas y cooperativas de software libre en el País Vasco —una comunidad autónoma española con dos millones de habitantes— ha generado ya 77 millones de euros.

Los pequeños emprendedores, también pueden sentirse mucho más seguros si inician en este sector. Las empresas de software libre tienen una tasa de fracasos muy baja (menor al 4%), y sus empleados tienen mejores beneficios —79,7% de las ganancias por valor añadido van a los salarios de los desarrolladores. Adicionalmente, ahora los innovadores contarán con el apoyo financiero de capital semilla y con capacitaciones otorgadas en incubadoras y aceleradoras certificadas, algo que solo será posible institucionalizar si se aprueba el Código Ingenios.

Luego está el argumento de que las únicas empresas que hacen software libre son empresas multinacionales. Me pregunto entonces a qué se dedican Domo Soluciones Web & TI, Innovative Business Solutions Coral, Soporte Libre o PaloSanto Solutions. Todas son empresas ecuatorianas que obtienen la totalidad de sus ingresos comercializando exclusivamente software libre y —entre aquel tipo de empresas— el 80% desarrolla su propio código, innovan. De hecho, las contribuciones al software libre provienen, en un 61%, de la pequeña y mediana empresa. Es falso, por ende, que las grandes empresas internacionales sean las únicas que comercializan free software.

Finalmente, se habla de la dificultad y costos que implican la migración a software libre, pero ese no es un proceso nuevo. Todo lo contrario: los procesos de migración en el Estado iniciaron en el 2008, cuando el presidente Correa firmó el decreto 1014 comprometiéndose a la migración de la administración pública central. La Asamblea Nacional, por iniciativa propia, migró todos sus equipos de escritorio y no se generaron mayores inconvenientes. ¿Cuál será el costo de cambiar todos los sistemas operativos de todas las computadoras estatales de Microsoft a GNU/Linux? Probablemente sea bajo: mayor es el costo de capacitar a los usuarios sobre el uso de la herramienta. Aquí hay que traer a colación aquello que los economistas denominan costo de oportunidad, es decir ¿cuál es el costo de no migrar? En Europa, el ahorro por reuso de código y otras contribuciones del código abierto a la economía ascienden a 450 mil millones de euros al año: una cantidad suficiente para comprar, de una, todas las acciones de Microsoft.

Pese a las incomodidades que pueda generar en ciertos sectores, el Código Ingenios trae más beneficios que problemas: representa un avance importante en materia de derechos de autor, ampliando los usos justos que en el Ecuador tanta falta hacen —en el país hay 180 mil personas con discapacidad visual que actualmente no pueden acceder a libros en braille debido a derechos de propiedad intelectual. Un régimen de propiedad intelectual más flexible, no sólo permite que más personas accedan al conocimiento sino que favorece a las industrias creativas. Esta doctrina, conocida como fair use, genera ingresos enormes en otros países y, en 2007, representó el 16% del producto interno bruto de Estados Unidos —o lo que es lo mismo: dos mil estaciones espaciales internacionales. Así que no: El código ingenios no va a matar a nadie.

Secreto de Estado

Finalmente, el Secretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, compareció ante la comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hace dos semanas, cuando el titular de la SENAIN se excusara “motivadamente” de hacerlo, todo el mundo seguía cabreado por el escándalo sobre Hacking Team. La agencia de seguridad local fue tendencia en twitter por varios días y hasta se tuvo que pronunciar el presidente para defender a la institución que nació bajo su mandato, en el 2009. Hoy, en cambio, todos los medios le tomaron su mejor foto a Rommy, sacaron el titular respectivo, pero poco o nada se habló en redes sociales sobre el tema —y pensar que sólo el día de ayer Ecuador Transparente denunció, documentos en mano, que “SENAIN llevó a cabo espionaje sistemático a políticos y activistas“.

Otro agravante a la apatía de la gente es el desdén a la transparencia y fiscalización que debe tener el Estado. Escudándose en la Ley de Seguridad, Vallejo llegó a la Comisión sin dar la cara a periodista alguno, les cerró la puerta e inició una comparecencia reservada. No importa cuántas preguntas le hagan, él puede decidir no responder y si lo hace, lo que ahí se diga no se puede difundir. ¿Qué garantías tenemos los ciudadano de que, incluso en esas condiciones, el comportamiento deshonesto de otras agencias de inteligencia frente a los cuestionamientos de la autoridad no se vuelve a repetir? La respuesta es simple: pocas o ninguna.

Asumamos por un momento que el material publicado por Ecuador Transparente es verdadero. En este caso, estaríamos haciendo frente a dos delitos. El primero, habría sido cometido por la SENAIN al espiar a ciudadanos con motivos puramente políticos. El segundo, es el delito de publicar información “de circulación restringida”, que según el Código Penal se castiga con mínimo un año de cárcel —en Ecuador, también nos hace faltan medidas legales para la protección de denunciantes o, como se les dice en inglés, whistleblowers.

A las agencias de seguridad siempre se les va a filtrar información, y la razón es simple, la entropía les juega en contra. Su tarea consiste en construir un muro perfecto, impenetrable, perecedero y que esté al día para combatir los mejores ataques de donde quiera que vengan. Los hackers e informantes internos, en cambio, sólo deben encontrar un único fallo en el sistema a través del tiempo. Por eso, parece que en todo el mundo se siguiera una misma receta en lo que respecta al manejo de información clasificada como “reservada” o “secreta” por las agencias de inteligencia.

Si la SENAIN llegara a demandar a Ecuador Transparente o a Wikileaks por publicar información de carácter secreto, la ecuación es simple: la documentación es verdadera, ergo el espionaje fue cierto; es por esto que en otros países del primer mundo, donde la corrupción también avanza más rápido, se han inventado algo para perseguir denunciantes sin afrontar el costo legal o político de haber transgredido los derechos ciudadanos: cortes secretas.

En Estados Unidos, eran cortes secretas las que debían controlar las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad, pero nunca lo hicieron —en 35 años sólo rechazaron 11 de las 34000 solicitudes de espionaje—. Fueron cortes secretas las que llamaban a las empresas de telecomunicaciones como Lavabit para solicitar sigilosamente las claves de sus clientes. En palabras de Edward Snowden: “son jueces secretos, en cortes secretas, haciendo interpretaciones secretas de la ley”. La forma perfecta de enjuiciar a los denunciantes de algún secreto de Estado, sin revelar que se ha violado la ley, es esta.

No quiero ser agorero del desastre, pero el secretismo parece ser el juego al que nos quieren someter y si no se toman medidas adecuadas a tiempo, si no se separa a la justicia del otro poder, si no aseguramos mecanismos de transparencia adecuados y dejamos que los mecanismos de fiscalización se conviertan en el maquillaje de un sistema de inteligencia que no parece estar ceñido a la ley, seguramente pronto nos llamarán a una corte sin que podamos decirle a nadie y sin ley que nos pueda defender.

Representando a Creative Commons en la Asamblea Nacional

Les comparto la última publicación de Creative Commons Ecuador. No fue sino hasta minutos antes de empezar mi presentación que me doy cuenta que estaba hablando a nombres de esa organización internacional que he admirado desde hace tanto tiempo, para incidir en el futuro de cosas tan importantes como el acceso al conocimiento de un país. Estaba cansado y, producto de eso, un poco molesto, pero creo que perdí perspectiva de que cada pequeño paso dado me llevó a ese momento. Esa hubiera sido mi meta dos años atrás, fue una bonita experiencia darse cuenta. Sapiens sapiens. Les dejo el texto del artículo sin mayor preámbulo pero les pido que revisen el PDF que preparamos para la presentación, son apenas 7 páginas de letra muy gorda:

Dentro del debate del Proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código INGENIOS), hoy recibimos invitación de la Asamblea General para ser recibidos en Comisión General donde se recogieron dos preocupaciones que Creative Commons Ecuador elaboró y argumentó:

  • Incluir expresamente un artículo que garantice el acceso abierto a publicaciones financiadas con fondos públicos, y
  • La revisión de los artículos 121 al 124, los cuales prohíben “eludir las medidas tecnológicas efectivas, como sistemas de cifrado u otros, que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o derechos conexos”.

Andrés Delgado hizo uso de los 10 minutos asignados para desarrollar estos dos aportes. El documento completo lo pueden revisar en este enlace.

Andrés Delgado de CC Ecuador interviene en la Comisión General

Andrés Delgado de CC Ecuador interviene en la Comisión General. Foto cortesía de @claryrobayo

Junto a otros actores de la sociedad, el encargado de la relatoría recogió los aportes que permitirán iniciar el primer debate dentro de aproximadamente un mes.

Fuente: Creative Commons Ecuador