Recomendaciones para los 4 pelagatos

Las últimas semanas me he separado bastante de las redes sociales y casi no me entero de este nuevo sitio web llamado 4 pelagatos. Todavía no les puedo contar mucho del sitio porque por ahora sólo está lleno de buenas intenciones. Los autores (Roberto Aguilar, José Herández y Martín Pallares) han publicado un manifiesto al tiempo que han explicado en cada uno de sus blogs las razones por las que han iniciado esta nueva aventura. El D’Artagnan de estos tres mosqueteros es el no menos célebre Crudo Ecuador. Asumo que para la mayoría de ecuatorianos que hemos extendido nuestro sistema nervioso hacia las redes sociales, esto es lo que nos genera más expectativa. Al contrario de sus compañeros, Crudo Ecuador no ha roto el silencio en sus cuentas de Twitter o Facebook. Su última publicación la hizo el 19 de febrero de 2015, exponía sus razones para abandonar Internet para resguardar el bienestar propio y de su familia.

En su momento, yo redacté una serie de consejos para el próximo Crudo Ecuador, que eran sobre todo consejos para resguardar el anonimato, pero que creo 4P merece su propia lista. Ellos no empiezan en una condición de anonimato y su tarea será, como la de la mayoría de medios digitales que hacen periodismo de investigación, resistir.

Todas las páginas web se alojan en algún servidor de internet, al cual todos accedemos desde nuestras computadoras. Es importante conocer las leyes del país donde se aloja nuestro servidor, al menos las que tienen que ver con Internet. Si los países tienen regulaciones muy relajadas sobre derechos de autor en Internet, es mejor alejarse de ahí. Lamentablemente, carezco de conocimientos suficientes para realizar una lista específica de dónde colocar o no sus servidores, pero sería interesante echar un ojo a esfuerzos previos por mapear esto. El Mapa de Responsabilidades de los Intermediarios de Internet (WILMap por sus siglas en inglés) es un recurso en línea que informa al público sobre la evolución de la regulación de internet que afecta a la libertad de expresión y a los derechos de los usuarios alrededor del mundo. En última instancia, EcuadorTransparente.Org encontró un buen proveedor que le dijo que no a Ares Rights y le pidió una orden judicial antes de procesar una de sus tantas solicitudes infundadas en el copyright.

Luego del servidor, el siguiente eslabón es el nombre de dominio, en este caso 4pelagatos.com; que según veo lo han adquirido usando los servicios de domainsbyproxy.com (un servicio para la compra de dominios web que protege la privacidad de sus clientes). El riesgo que veo acá es que (a) trabajan con godaddy.com y (b) la gana de proteger a veces no es suficiente. Sería de ver si cuestiones como el registro de marca podría ocasionar problemas a futuro, eso ya le pasó a Crudo Ecuador. Para suerte de los gestores, uno puede registrar la marca en cualquier otro país y su aplicación es a nivel internacional; eso les puede evitar ciertas complicaciones con las instituciones locales.

Los ataques DDoS son otra de las cosas que se han vuelto el pan de cada día. Servicios como CloudFlare ayudan a resistir los ataques de bots. CloudFlare tiene un programa específico para proteger sitios web que defienden el interés público, se llama Galileo y cuenta con el respaldo de docenas de organizaciones que protegen los derechos en la red. Se puede aplicar para ser parte del programa de forma gratuita. Finalmente, una buena práctica consiste en respaldas los nuevos artículos apenas se hayan publicado. Se puede hacer eso utilizando al menos dos herramientas: web.archive.org y archive.is, esta última es más resistente a intentos de censura.

Puede que algunas de las opiniones que han publicado en estos meses los arriba mencionados —no es excepcional— no sea de mi entero agrado. No obstante, me siento bastante identificado con la situación en la que se encuentran. Es importante respetar esa último metro cuadrado de libertad que nos hace quienes somos. Seguramente, muchos sentirían que su vida no sería igual si no pudieran volver a ver. A otros nos sucede que necesitamos escribir y hablar. Cercenar ese talento resulta lesivo a un nivel personal… yo no sería el mismo si no pudiera escribir. Sobreviviría, como mucha gente lo hace después de accidentes fatales, pero no sería yo. Aún más importante, hay algunas expresiones que si no se dicen, se pierden. Son ideas en peligro de extinción y, a veces, son la última esperanza que nos queda para apegarnos con cordura al mundo.

Éxitos en su nueva aventura.

Otro leak de la SENAIN (y otro intento de censura)

Captura del tuit original, clic para agrandar

En julio de 2015, tras publicar un gajo de información sobre Hacking Team y sus actividades en Ecuador, un troll infame difundió por twitter una captura de pantalla falsa donde me acusaba de ser agente de la SENAIN. Como para darle veracidad al asunto, colocó mi nombre completo, mi correo electrónico, el número de mi celular y el teléfono de la casa de mis padres. Un amigo me envió al teléfono la captura de pantalla: “Por favor dime que no eres vos”.

Y no era. Le pedí la fuente y llegué al tuit original, le pedí al troll que demostrara la página exacta de dónde había encontrado el supuesto correo, pero no hizo falta porque exactamente siete minutos después, Felipe Mogro encontró el correo que utilizaron para fabricar esta argucia en mi contra. Sin querer escarbar profundo en las motivaciones que tuvo esta gente, lo cierto es que no actuar hubiera sido estúpido de mi parte.

Traigo esto a colación porque el día de hoy en el Chaos Communication Congress, Bethany Horne y Pedro Noel dieron una charla titulada: “Ecuador, cómo un gobierno autoritario engaña al mundo entero”, el video (en inglés) está más abajo por si lo quieren ven. En un par de diapositivas, Pedro Noel —editor del sitio web Ecuador Transparente— muestra una reclamación por derecho de autor realizada por Ares Rights a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN).

El reclamo lo realizan sobre los documentos publicados por Ecuador Transparente que demostrarían un espionaje sistemático a políticos y activistas, diciendo que no se pueden publicar porque son textos secretos y esto es prohibido y castigado por nuestro código legal. Dicho sea de paso, cierto es, pero con dos aclaraciones. La primera, Ecuador Transparente tiene de ecuatoriano sólo el nombre y no se ciñe a nuestras leyes. La segunda, que es una vergüenza que el país que muchos consideran campeón en la libertad de expresión, no tenga leyes que protejan a los soplones que denuncian delitos con documentos clasificados como secretos.

Para los que trabajamos en la cuestión de derechos humanos en Internet, esto ya es cacho viejo. Ares Rights es una empresa que saca plata censurando como puede (osea aduciendo infracciones al copyright). Le han cachado reclamando a nombre de Fernando Alvarado, de la SECOM, y de Ecuador TV. En abril de 2014, el exgerente del famoso canal 7 dijo que si Ares Rights estaba haciendo uso de su nombre y se escudaba en la confidencialidad con su cliente para no revelar más información, ellos —como era lógico— reunirían a sus abogados e iniciarían una acción legal. Ecuador TV nunca hizo nada y ahora resulta que la SENAIN aparece involucrada con Ares Rights.

Acá hay tres opciones, (1) que en años pasados alguien absolutamente maquiavélico le haya pagado a Ares Rights para que censure cosas que molestan al gobierno —y así pensemos que esta empresa española trabaja a su lado— para luego hacerle quedar mal queriendo censurar filtraciones que hasta ahora no se han confirmado como verdaderas. O (2) que, de hecho, la SENAIN está usando los servicios de Ares Rights. La tercera, que según mi apreciación es la correcta, es que hay un comedido que dice “da viendo si puedes hacer algo” en todos los casos donde está inmiscuido el gobierno de Alianza País. Podremos saber a ciencia cierta cuando alguien —ojalá el gobierno— demande a Ares Rights en España, para que uno pueda ver los contratos y las facturas o si es que a Ares Rights le pasa lo que a Hacking Team.

Lo cierto es que podemos extraer unas pocas conclusiones de estos hechos:

  1. Ares Rights en el pasado ha censurado a nombre del gobierno ecuatoriano, y el gobierno está consciente de este hecho.
  2. Ares Rights sigue censurando a nombre de instituciones del gobierno, por ende, el gobierno censura sea por acción o por omisión (por no demandar a esa empresa para que deje de reclamar a su nombre).
  3. Si es que hay una vinculación con Ares Rights, y la reclamación a nombre de la SENAIN es legítima, esos documentos son verdaderos y —llamen a los abogados— podría tratarse de un caso de peculado.
  4. Todo estaría mejor si, como sugirió en su charla Bethany Horne, hubieran más mecanismos de control y transparencia para nuestra querida Secretaría Nacional de Seguridad.

PS: En la charla, Ecuador Transparente presentó un nuevo leak sobre la SENAIN y en las preguntas y respuestas, Jacob Appelbaum soltó unas cuantas perlas de su visita a Ecuador en noviembre de 2013:

  • Relató que la SENAIN quiso “ponerlo en problemas” y que fue defendido por el vicepresidente. Le llamó la atención que la clase política era casi incapaz de “defender a sus propios invitados”.
  • Dijo haber mantenido una conversación con la exministra de defensa María Fernanda Espinosa, donde ella le confesó que hay muy malos elementos en el gobierno, especialmente en la SENAIN, que quieren matar a personas como ella misma o Rafael Correa.
  • Afirmó que la SENAIN le solicitó construir un sistema de vigilancia masivo a nivel nacional y, específicamente buscaban eludir la revisión judicial porque querían espiar a jueces y a la clase política. Finalmente afirmó que el presidente conocía de este último hecho (pues él se lo dijo personalmente).

Por qué hay que hablar [libremente] del volcán Cotopaxi

Artículo original publicado el 17 de agosto en Gkillcity.com

Para conocer sobre el estado del volcán Cotopaxi —dicen las autoridades gubernamentales ecuatorianas— hay que preguntarle a César Navas, el ministro coordinador de seguridad. Y a nadie más. No es seguro que él responda porque la información la dará únicamente “cuando se amerite” y solo mediante canales oficiales. La decisión se tomó después de que la mañana del viernes 14 de agosto de 2015, el Cotopaxi presentase una fuerte explosión después de trece años de inactividad: en el 2002 se reactivó y hubo fumarolas. Para asegurarse de que se cumpla con la disposición de no hablar del #VolcánCotopaxi, el presidente Rafael Correa firmó en Pimampiro —en la provincia de Imbabura, en la Sierra central— el decreto 755, con el que queda “prohibida la difusión de información no autorizada [respecto al proceso eruptivo] por cualquier medio de comunicación social, ya sea público o privado, o ya sea por redes sociales”.

Entonces, avisarle a tu familia y amigos que estás bien mediante el safety check de Facebook no está permitido, y tuitear información en tiempo real sobre un avistamiento cerca de tu área o la de algún conocido, tampoco. Esta prohibición revela que el gobierno no entiende la utilidad de las redes sociales en catástrofes.

La razón del gobierno para controlar la información es simple: en situaciones de alto riesgo, los rumores pueden causar gran conmoción y mover voluntad y recursos en falso. Por eso han establecido quién, cuándo y cómo: César Navas, cuando sea oportuno, canales oficiales del Ministerio de Seguridad. El problema es que el gobierno se equivoca cuando piensa que la realidad se crea a pluma. Ya cometió este error cuando negó el contrato de SENAIN con la empresa espía Hacking Team y cuando cambió arbitrariamente los mapas de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía. Con este decreto, los ciudadanos tenemos tres opciones: la obediencia —no decir nada sobre el volcán así estemos observando en vivo la erupción—, la evasión —como sucede en twitter donde ya han surgido tres nombres clave para el Cotopaxi y una serie de códigos para monitorizar su actividad—, y el desacato —sea por rebeldía o por desconocimientos de la disposición—. Ni en las dictaduras de Medio Oriente, donde no existe un control democrático del ejercicio de poder, las redes sociales se han podido controlar. Es ingenuo pensar que se logre en Ecuador.

Imaginemos por un momento que la Superintendencia de Comunicaciones lo intentara. Para eso, debería montar un centro de seguimiento de todas las cuentas públicas que han registrado su ubicación en redes sociales y que están circunscritas al territorio de Ecuador. También podría usar las bases de datos del Ministerio del Interior y buscar mediante un script —un programa informático simple— a todos los perfiles asociados a un número de teléfono celular. En las publicaciones de esas personas que identifique, mediante alguna herramienta de análisis de redes como Social Mention o Keyhole, buscaría palabras clave asociadas a la actividad volcánica: “Cotopaxi”, “lava”, “desastre”, “lahares” y con esa información podrían iniciar el proceso administrativo o legal para que los desobedientes dejen de publicar.

Pero, ¿qué tal si dan con un nombre que no es real? Seguramente iniciaría el juego del gato y el ratón que tardaría meses en resolverse. No es una estrategia muy inteligente. Si el gobierno se va a tomar la molestia de monitorear todo lo que Ecuador dice sobre el volcán ¿por qué no mejor hacerlo para algo más productivo como mejorar el sistema de alerta y respuesta ante emergencias? El 69% de la población estadounidense espera que las autoridades de emergencias monitoreen y reaccionen a sus publicaciones en redes sociales, según un estudio de la Cruz Roja de ese país. El gobierno ecuatoriano debería considerar que el seguimiento de datos de redes sociales en tiempo real aumenta la velocidad y la eficiencia de reacción ante desastres. Internet fue diseñado para resistir un ataque nuclear, entonces debería ser comprensible que si otros medios de comunicación fallan, las redes se conviertan en el canal óptimo para que las víctimas pidan socorro o las brigadas de auxilio coordinen sus actividades. Esto sucede en otros países y es muy efectivo.

En enero de 2010, hubo un terremoto de magnitud 7,0 en una de las zonas más pobres de nuestro continente. Haití fue golpeado con la fuerza equivalente a la explosión de doscientas mil toneladas de dinamita. Fue el sismo más grande registrado en doscientos años en ese país. Las líneas telefónicas colapsaron y Twitter, Facebook y Youtube fueron fundamentales para afrontar la crisis. Los tuits que se enviaron ese día ayudaron a los voluntarios de Open Street Map —un software colaborativo para construir mapas en línea— a documentar la catástrofe, a guardar y publicar datos sobre personas desaparecidas, y a concentrar las actividades de ayuda en las áreas más gravemente afectadas. Las personas también transformaron mensajes de texto en tuits con ubicación geográfica precisa para ayudar a quienes no tenían acceso a la red. Esta experiencia se replicó en los desastres de Fukushima y Nepal. Facebook, a través de varios juegos en línea, aceleró la recolección de donaciones. La visibilidad de las publicaciones de Internet también permitió que las personas se solidaricen con la situación de los haitianos, y esto produjo una respuesta internacional positiva a esa crisis local. Eso no hubiera sido posible hace cien años, sin Internet.

Entender cómo se transmite la información y cómo se construye la confianza entre los diferentes actores, permite a los profesionales utilizar con eficacia las redes para difundir mensajes útiles y controlar rumores, dice el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos. Luego de la explosión del Cotopaxi, Daniel Orellana, PhD en geoinformación y parte del equipo de voluntarios que mapearon Nepal, tuiteó que el mapeo colaborativo en situaciones de emergencia se coordina con las instituciones locales responsables para establecer prioridades y que además “se crean mecanismos para curar, revisar y verificar la información. Esto permite manejar de forma efectiva los rumores falsos”. Censurar las redes sociales no es práctico y es un error. La erupción de un volcán no es algo que se pueda controlar de la misma manera que una manifestación que no se quiere escuchar. Negarle a los ciudadanos mecanismos que incrementan la eficiencia de respuesta ante un desastre es una negligencia porque se comprometen vidas humanas que no se pueden recuperar.

¿Qué pensará Chomsky?

Cerca de las 16:00 prendí mi computadora y revisé las notificaciones de mi RSS, José Hernández había escrito “Ellos son los dueños de todo”. Fui directo al primer enlace y me encontré con esta carta:

carta secom fundamedios 1

Esto parece ser un avance porque tiempo atrás, cuando se abusaba del derecho de autor para censurar contenido en Internet a nombre del Estado, se nos aseguraba que esto no era así. Esto pese a que debido a argucias legales, el único que pudo haber solucionado ese problema era, efectivamente, el Estado. Las instituciones a nombre de quienes se realizaban las reclamaciones debían impedir su mal uso por parte de Ares Rights. Sino se puede afirmar que hubo censura por su acción, al menos sí la hubo por omisión. Y todo iba bien este negocio hasta que, en este mes, WordPress le ganó a Straight Pride UK y, por prácticas similares a las de Ares Rights, este tuvo que pagar la módica suma de US$ 25000.

Ahora, vemos una nueva forma de abuso del derecho de autor, pero resulta que en este caso viene de mano directa de la Secretaría de Comunicación. ¿Qué es diferente? Tal vez el tipo intimidatorio, la SECOM sabe muy bien que si quiere eliminar ese tuit lo que debe hacer es dirigir la reclamación a Twitter, Inc., pero en este caso han preferido dirigirse directamente a FUNDAMEDIOS, que borren el tuit o iniciarán “acciones legales pertinentes de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico vigente”.

Claro, la actual ley de propiedad intelectual en su artículo 83, numeral j permite “la parodia de una obra divulgada, mientras no (…) ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, según el caso”. Honestamente pienso que un tuit, en particular el tuit en cuestión, poco o nada puede dañar la reputación de una Secretaría Nacional, pero tal vez la SECOM y yo discrepemos, después de todo ellos piensan que cuando uno dice algo, no lo dice.

Uno debe poder burlarse de las cosas, el derecho de autor tiene limitaciones y excepciones, y así lo reconoce la nueva propuesta de ley de propiedad intelectual que se está trabajando en SENESCYT para reemplazar a la actual. Las limitaciones y excepciones son mucho más acentuadas que en la ley del ’98, incluyendo el derecho a la libre expresión, expresado mediante la parodia —en las limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales: “La sátira, pastiche o parodia de una obra divulgada, siempre que se ajuste a las reglas de estos géneros”.

Pero la SECOM no sólo tiene el ojo puesto en la ley de derecho de autor, también le recuerda a FUNDAMEDIOS que según el numeral 6 de su estatuto, la fundación “no podrá ejercer asuntos de carácter político”, entiéndase que esto es meterse en la vida pública. Yo no soy la persona adecuada para realizar un análisis jurídico de la existencia de esta clausula. Solo diré que sé que debe estar ahí porque sino, dadas las condiciones que presenta el Estado ecuatoriano mediante el Decreto 16, no se admitiría su existencia.

Y es en este punto de mi vida que me acordé de Noam Chomsky, el héroe de las izquierdas. Chomsky, quien cree que todos los poderes deben estar sujetos a un control democrático por parte de todas las personas. Chomsky, quien es un crítuco acérrimo de que los medios de comunicación obtengan su información directamente del “gobierno, las empresas y los ‘expertos’, información, por lo demás, financiada y aprobada por esos proveedores principales y otros agentes de poder”. Ese Chomsky que dijo acertadamente que “si no creemos en la libertad de expresión para las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”.

Me acordé de la entrevista que le realizó Bill Moyers, y lo que dijo el lingüista respondió cuando se le preguntó por qué pensaba que Reagan era un personaje (trágicamente) interesante:

Desde un punto de vista quien percibe a la democracia como un problema que hay que superar, y ve la solución correcta en ser líderes con visión futurista con una clase especializada de administradores sociales — desde ese punto de vista, debe encontrar los medios para marginar al público (…) Reducéndolo a la apatía y la obediencia, permitiéndole participar en el sistema político, pero como consumidores, no como participantes verdaderos. Les permites tener un método para ratificar las decisiones que otros hacen pero eliminas los métodos por los que podrían, en primer lugar, informarse a sí mismos; segundo, organizarse; y tercero, actuar de una manera que realmente permita controlar la toma de decisiones. La idea es que nuestros líderes nos controlan, no que los controlemos (…) Hemos dado un gran paso en esa dirección.

Si Chomsky leyera la carta de la SECOM a Fundamedios ¿qué pensaría?

 

Ares Rights no podrá denunciar en nombre de clientes ecuatorianos

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El jueves pasado se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Gobernanza de Internet en las instalaciones de CIESPAL. Dado que ya he leído un gajo de confusión sobre el tema voy a detenerme un poco a explicar el tema. Gobernanza no es porque sea del gobierno central, algún nombre hay que darle a la forma en que se administra internet y este ha sido el elegido. Se evita el término “gobierno” por la asociación clásica al Estado. Son docenas de temas los que están bajo el paraguas de la gobernanza, cosas como los derechos humanos en un entorno digital, cómo lidiar con el spam, quién decide qué protocolos se usan en la red, si el .ec lo debería manejar una empresa privada, como actualmente sucede, o un grupo multisectorial como es el caso de Chile.

Legislar en Internet es algo complicado, puedes tener una empresa de origen colombiano, con servidores en Estados Unidos ofertando servicios de compraventa de productos chilenos en Ecuador. Otro ejemplo, una organización sin fines de lucro está usando la infraestructura poseída por una empresa privada pero administrada por el Estado. Hay muchos intereses en conflicto y, por ello, se han creado foros con presencia multisectorial (típicamente academia, estado, sector privado y sociedad civil) donde se discute cómo se maneja internet y posteriormente los gobiernos ajustan su marco legal en función de estas recomendaciones, o al menos esa es la idea.

La suspensión de cuentas de twitter que se dio hace poco, por ejemplo, debe ser discutida en este tipo de encuentros. Cerca del medio día se trató el tema de derechos de autor y censura en Internet en un panel integrado por representantes de Fundación Karisma, Creative Commons Ecuador y Colombia, SENESCYT y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Todos quienes se sentaban en la mesa habían leído el documento que preparé para el encuentro. El tema de los takedowns (que es la argucia jurídica que utiliza Ares Rights para ejercer su censura) era un punto crítico y se necesitaban respuestas puntuales al respecto.

La ley de propiedad intelectual vigente, en su artículo 292, indica que la violación de los derechos de autor no es sólo responsabilidad de quien comete el acto sino que también es responsabilidad del “operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control de un sistema informático interconectado a dicha red (…) siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte”.

En promedio, Twitter tiene un empleado por cada 13889 que se envían cada día. Digamos que tú eres el CEO de Twitter y lees este artículo sobre propiedad intelectual en Ecuador, donde tienes más de un millón de usuarios, ¿qué metodología utilizarías para lidiar con las infracciones de derechos de autor, a sabiendas de que tienes un número muy limitado de empleados y de que las penas involucran responsabilidad legal, lo que puede acarrear costos administrativos y judiciales? Seguramente instalarías un sistema automatizado para prevenir esta situación y, en el mejor de los casos, establecerías un sistema para revisar los falsos positivos eventualmente. Estoy casi seguro que este es el caso, y lo mismo es verdad para las principales redes sociales, puesto que el número de clientes que tienen sobrepasa en mucho la capacidad de reacción de sus empleados.

En el mediano plazo, esta disposición de la ley de propiedad intelectual va a desaparecer, ya sea porque se derogue la ley o por la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea, que adquiere el estatus de constitución una vez que es aprobado por la Asamblea Nacional. Cito mi documento:

En el caso específico del convenio suscrito con la UE existen problemas con sus artículos 251, 252 y 253 que, al igual que la ley actual, abren la puerta para mecanismos de bloqueo que no son judiciales. Al incluir a la “autoridad administrativa” como un mediador legítimo, los supuestamente afectados pueden recurrir a los prestadores de servicio de internet para que bajen contenidos sin orden judicial y dichos prestadores, para evitar responsabilidad, los den de baja sin consultar con el que proveyó los contenidos.

Es perfectalmente legítimo que un juez determine una infracción de derechos de autor, pero ¿quién sería la autoridad administrativa que reconocerían tanto el acuerdo comercial con la UE como la nueva ley de gestión del conocimiento? y esta fue precisamente la pregunta que realicé en el encuentro. Únicamente el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que cuenta con atribuciones jurisdiccionales, sería considerado como unidad administrativa, con capacidad de realizar este tipo de alegato en caso de que se verifique una infracción (Hernán Núñez, asesor de propiedad intelectual en SENESCYT), esto quedará por escrito en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación.

Esto es muy importante porque corrige el tremendo vacío que supone que cualquiera abuse del sistema actual. Así pues, se podría establecer diálogos con las enormes multinacionales a quienes hemos hipotecado nuestro futuro en la red para exigir que únicamente se procesen denuncias que lleguen a través de jueces, y del IEPI, cuando se trata de infracciones de derecho de autor. Si Ares Rights quiere realizar sus denuncias, tendrá que hacerlo en las cortes ecuatorianas.

Captura de pantalla de 2014-12-01 09:23:04