Una evaluación realista del impacto del Código Ingenios sobre la industria del software en Ecuador

Hace unas dos semanas empezó una campaña liderada por gente vinculada a la industria del software en Ecuador: #AlertaCodigoIngenios. Hablaban de un apocalipsis de la economía debido a los artículos 111, 135  y 136 de la propuesta de la nueva ley de propiedad intelectual. El personal de la agencia Céntrico Digital, no sé si de forma voluntaria o remunerada, empezó a mover el hashtag y a promocionar el sitio web 15000empleosmenos.com. Apoyando la campaña estaba gente perteneciente al directorio de la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT). Aclaro que es el directorio porque me han dicho, y si no quieren creerme está bien, que muchas veces el directorio toma decisiones sin consultar a sus socios. Pues bueno, estaban estos dos actores explicando su punto de vista sobre la propuesta de ley y está bien.

Voy a simplificar la argumentación y no con la intención de ridiculizarla sino más bien para dar una perspectiva general a la gente que no está muy familiarizada con el tema.

Artículo 111 (el diezmo para los desarrolladores)

Lo primero, quieren obligar por ley a las empresas a den un 10% de las ganancias (no de los ingresos, dice el IEPI) a los desarrolladores de software. “Irrenunciable” es lo que dice el texto. Entonces habían argumentos en Twitter como:

#AlertaCodigoIngenios

Pero es muy diferente hablar de ganancias e ingresos. En el primer caso, si vendes algo que te costó $90 a $100, ganas $10 y debes darle $1 al desarrollador. La campaña #AlertaCodigoIngenios implica que se trata de ingresos, entonces tendrías que darle $10 y te quedas sin beneficios como empresa. Si vendes al costo ($90), no hay ganancia y no se le da nada a la persona que escribe el software, la campaña implica que le debes pagar $9. ¿Qué generó esa confusión? El texto es técnico. Dice “el autor o autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra”. Pero vayan a Wikipedia y verán que beneficios económicos corresponden a utilidades y no ingresos.

Ahora, yo no estoy de acuerdo con el artículo 111 y la razón es sencilla. A menos que uno aplique esta regla a nivel mundial, los dueños de las empresas van a querer abrir sus compañías en otros lados. Porque en Ecuador le tengo que dar un margen de ganancia fijo a mi desarrollador mientras que en cualquier otro país puedo no hacerlo. Segundo, el software no es como un libro, es más bien como Wikipedia. ¿A quién le vas a pagar? ¿Al que inicio un artículo, al que corrigió la ortografía, al que dividió en secciones o al que lo fusionó con un artículo mejor? ¿A todos? ¿Qué pasa si usaste software de otro proyecto? ¿Y si tienes empleados en varios países? El artículo 111 es sencillamente inaplicable y contraproducente, al menos en lo que se refiere a software. Y creo que eso debería bastar.

Artículos 135 y 136 (Si los impuestos pagan por software, la gente debe poder ver, usar, modificar y copiar ese software)

Los artículos 135 y 136 obligan al Estado a usar software libre. Y sobre eso hay dos argumentaciones principales sobre las que ya he escrito en otros lados. La primera es una razón de seguridad. Solamente el software libre permite al usuario defenderse de quien le vende el software. Consumir software privativo es como ir a un restaurante. Ves el menú, lees lo que hay en cada plato, pagas el precio y si estás satisfecho regresas. Y eso es suficiente para la mayoría de personas. Pasa que la paranoia no es algo con lo que todos se pueden relacionar. Y entonces exigir al mesero que te deje entrar a la cocina puede parecer exagerado. El dueño del restaurante te va a decir que le quieres robar su receta. Que si quieres vayas a comprar a otro lado. La pregunta entonces es ¿está justificada esa paranoia? Eso es algo que cada persona tiene que decidir. Yo creo que sí y escribí mis razones en ¿Quién controla nuestros sistemas informáticos?

Usar software libre es poder entrar a la cocina y decirle al chef que te muestre qué está poniendo y, si no te gusta algo, poder cambiar los ingredientes. O pedir a algún experto que venga para que te diga si algo en la cocina es malo para ti: un doctor, tu alergólogo, el nutricionista. Claro, ya no tienes el secreto de la receta, entonces el restaurante tiene que buscar otras maneras de vender su producto. ¿Se puede tener un modelo de negocio alternativo? Tal vez tendrá mejores escenarios, los meseros serán más guapos —viva el sexismo—, empezarán a vender tarjetas y promociones para asegurar que los clientes regresen. En fin, si para algo es creativa la gente es para sacar plata y es por eso que en el software libre existen muchísimos modelos de negocio. Acá está una tabla con las características principales de cada modelo de negocio.

En 2015, realicé una encuesta a 33 empresas y 2 desarrolladores independientes que comercializaban software libre en Ecuador, y así es como estas empresas hacen dinero:

Captura de pantalla de 2016-07-10 00:13:43

Y eso es lo que le molesta a la gente del sector software que actualmente le vende al Estado. Frente a una migración masiva tienen dos opciones: dejar de vender al Estado, lo cuál a la mayoría no le conviene porque representa una parte importante de sus ingresos, o cambiar de modelo de negocio. Pero esto sí es una simplificación del tema. Hay gente que ha dedicado quince años a desarrollar productos derivados de Microsoft y, para ellos, hacer este cambio puede no ser realista. Entonces, efectivamente, habrían perdedores en el sector si el Estado ecuatoriano decidiera dejar de usar software privativo. Y, por supuesto, habrían ganadores en las empresas que están dispuestas a mostrar la receta. La gente que trabaja en empresas que venden software (sin receta) al Estado dice que sólo quiere “que le dejen trabajar” y entonces la pregunta es ¿vale la pena causar estas molestias? ¿gana el Estado con esto? ¿gana la gente? Y sobre esto yo escribí un segundo artículo: El código ingenios no va a matar a nadie. Ahí se lee, entre otras cosas que el ahorro por reuso de código y otras contribuciones del código abierto a la economía en Europa ascienden a 450 mil millones de euros al año. Eso gana el Estado pero ¿qué gana la gente? Pues saber las recetas, si bien el Estado es quien se beneficia de verlas, muchas de esas recetas son comida que termina en los platos de los ecuatorianos. Y eso quiere decir que uno puede ver qué está utilizando el Estado, ¿qué información obtiene el Dimm del SRI desde nuestros computadores? ¿cómo funciona la App de la cruz roja y del MINTEL en nuestros celulares? ¿Existen pedidos de información desde nuestro explorador cuando ingresamos a la plataforma del IESS? La gente gana control sobre el Estado, un organismo que se ha vuelto cada vez más poderoso.

AESOFT no se equivoca al decir que el Estado es una gran parte del mercado y cuando este se vuelque a comprar software libre, estas empresas proliferarán y ampliarán su mercado. Entonces habrá un efecto spillover cuando estas empresas empiecen a vender productos en el sector privado. Adicionalmente, los desarrolladores de software libre tendrán mejores ingresos, y no de forma coercitiva —como plantea el artículo 111— sino de forma natural. En el ecosistema del software libre, 79,7% de las ganancias por mejorar el software van a los salarios de los desarrolladores.

El “apocalipsis” empezó en el 2007

Desde ese año, existe un decreto presidencial (1014) que obliga a la administración central —que representa a la mayoría del Estado— a usar software libre. Esto ha ocasionado procesos de migración en el sector público desde hace tiempo e incluso ha motivado a instituciones que no tienen obligación de hacerlo a migrar sus sistemas informáticos a software donde se puede ver la receta. La Asamblea Nacional es un ejemplo. En todo este tiempo, el sector del software (tanto libre como privativo) ha crecido a la par que se han migrado sistemas informáticos. La pregunta es entonces ¿existen razones para pensar que la obligación de usar exclusivamente software libre será tan desastrosa como dicen? Acá todo el mundo lucha por su metro cuadrado, así que en los comentarios —si me leen— van a ver lo que opina cada bando, pero en mi opinión esto es poco realista.

La ley propuesta tiene excepciones muy similares a las del decreto 1014 y además permite a las instituciones seguir usando el software por el cuál ya existen contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley. Esto quiere decir que la gente en el negocio (a) ya se ha vuelto experta en encontrar argucias legales y reglamentarias para seguir vendiendo software y (b) de antemano se firmarán contratos que permitirán la continuidad de las ventas por un año o más. Además (c), no existe un reemplazo para todo el software, lo cual quiere decir que el Estado hará uso de sus excepciones para adquirir software propietario, más aún considerando que vive al día y planifica poco —desarrollar software es mucho más complicado que simplemente renovar una licencia y la política tiene un coqueteo brutal con el facilismo.

Entonces ¿qué cambia la ley? Una, habrá más ahorro. La gran mayoría de documentos puede redactarse en LibreWriter en lugar del Word de Microsoft Office, esa suite de ofimática le ha costado millones de dólares anuales a Ecuador que bien podrían invertirse en otra cosa. ¿Se va a migrar en todos los casos? No, las hojas de cálculo de LibreCalc, por ejemplo, no soportan tantos números como las hojas de cálculo de Microsoft Excel. ¿Ya ven? Basta poner una capacidad mínima de bases de datos en hojas de cálculo como requerimiento de software para que el Estado siga invirtiendo en Microsoft. O el software libre mejora o se sigue consumiendo lo de siempre, y esto último sucederá en muchas ocasiones más.

¿Por qué entonces montar una campaña en redes sociales, medios de comunicación y aulas de clase? Pues porque sí habría un cambio en el mercado a largo plazo. Mucha de la plata que actualmente se hace con software proviene de obtener información de los usuarios y si bien algunas empresas podrían cambiarse al software libre, seguirían vendiendo software pero dejarían de percibir los ingresos derivados de la información entregada por los usuarios y además perderían la ventaja del lock-in tecnológico (que en la práctica funciona como ser dueño de un monopolio). Si el software libre triunfa, la gente tendrá más control, y lo contrario es cierto para las empresas y el Estado. Pero claro, esta es una proyección utópica ¿todo va a ser tan bueno como dice la Asociación de Software Libre? Para que eso suceda, tienen que haber una serie de condiciones que actualmente en Ecuador no existen. Uno, la gente tiene que entender todo esto y le debe importar. Snowden sacudió el mundo, pero después del susto inicial la gente ha olvidado esto. Dos, el desarrollo de software libre debe profesionalizarse mucho más. Al respecto, pueden escuchar esta charla de 45 minutos donde Snowden habla con la comunidad de software libre. Tercero, el Estado tiene que adoptar una relación más dinámica con el sector privado y los desarrolladores de software. El software libre funciona casi siempre mediante comunidades, donde la gente empieza a implementar sus propios cambios, es muy probable que emerjan conflictos de interés entre los requerimientos del Estado y los intereses de la gente. En la mayoría de ocasiones, esto se soluciona con nuestro lubricante social favorito, dinero. Eso soluciona el problema de coordinación pero es casi seguro que comprometerá los derechos de los usuarios. Ningún sistema es perfecto.

Otras aclaraciones

Ahora, por alguna razón que no entiendo, esta campaña de #AlertaCodigoIngenios llegó a decir que en Ecuador no se van a poder usar iPhones (El Comercio), que los equipos médicos (que solo tienen software propietario) no podrán ser usados por el Estado, que facebook y google no podrían entrar a Ecuador (esto otro lo dijo 4 pelagatos). Entonces ¿van a poder las entidades privadas e individuos usar el software que ellos elijan? La obligación de usar software libre sería exclusivamente del Estado y algunas instituciones de educación superior. En el caso de las universidades, sin embargo, existen aún más excepciones que permitirían a cada programa utilizar el software que quiera. La gente tendrá toda la libertad de comprar lo que quiera. De hecho el artículo 137 indica “Los usuarios tienen derecho a la libre elección del software en dispositivos que admitan más de un sistema operativo”.

También he visto a gente que empieza el debate sobre software libre y código abierto. Hay mucha gente que piensa que existe una gran diferencia entre estos dos conceptos. No es cierto. Para que lo verifiquen ustedes mismos, comparen en esta tabla las licencias aprobadas por OSI y FSF. Las licencias donde “open source” y “free software” son cosas distintas se cuentan con los dedos de la mano.

Discusión (o “cuando no se tiene una conclusión final”)

Este debate, como pasa con todo en Ecuador últimamente, se ha polarizado tremendamente. Con vergüenza les digo que también he caído en ese juego pero, por salud mental, decidí dejar de meterme en esas discusiones en caliente. Lo que creo que debemos hacer más bien es reflexionar no sobre si algo se debe aprobar o no. Eso, a fin de cuentas, no nos ayuda a entender ningún tema. He marcado en rojo las preguntas que, yo creo, ayudarán a las personas a decidir cuál es su postura y, en base a lo poco que conozco, he ofrecido algo de evidencia al respecto (no olviden revisar los enlaces vinculados en el artículo también). Tengo, como todos, una visión del mundo y dentro de esa visión para mí estas son las preguntas importantes. Otros priorizarán otras cosas y, entonces, no nos vamos a poner de acuerdo. La razón por la que poco se avanza en esta discusión —hacia una solución consensuada— es precisamente esta. Hay gente que ha escrito respuestas a mis textos pero responden preguntas que a mí no me interesan. Y creo que eso pensarán otros cuando me leen. Así que más que mis respuestas, les dejo mis preguntas. Y eso pone en evidencia qué es lo que me interesa. Sugiero que otros también tomen esta misma estrategia.

4 thoughts on “Una evaluación realista del impacto del Código Ingenios sobre la industria del software en Ecuador

  1. Está bueno este debate. Ojalá y los llamados a entender los argumentos a favor y en contra (asambleístas) tuvieran este nivel de discusión. Solo quiero hacer dos aclaraciones, porque creo que caes en el facilismo de tratar de etiquetar a los que criticamos ciertas partes de la ley. Uno, no hay que pertenecer a AESOFT, ni vender al Estado, ni usar Microsoft para creer que “obligar” a usar software “libre” es una contradicción de principios. Dos, entiendo que si todos pagamos por el software, entonces debería ser de código abierto. Y estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que usar un lenguaje tan restrictivo no sea una mala idea en cualquier ley, peor en una que atañe a una industria que cambia tan rápidamente. Es una diferencia filosófica básica. Gente como yo pensamos que las ataduras son malas y que es mejor ofrecer incentivos. El único incentivo tributario que consta en la ley es para empresas de “software libre”. De estas existen un puñado en el Ecuador. Por que mejor no incentivar a toda la industria?

    • Obligar al Estado a usar software libre es tan contradictorio como obligarlo a respetar las libertades individuales. No existe una contradicción, sino una ampliación de la aplicación del derecho -si se quiere verlo de esa manera. Eso por parte del Estado, por parte de la comunidad de software libre, tampoco hay contradicción. Por ahí leí que alguien publicó que ¿qué pensará Stallman de esta contradicción? Tal conflicto no existe, les invito a escribirle a Richard, quien desde siempre ha incentivado estos procesos. De hecho, hizo esta recomendación en el seminario de ciberdefensa organizado por el MIDENA en 2014.

      Sobre el incentivo, eso es complejo. No puedes dar un incentivo a toda la industria sin que termines subsidiando a empresas extranjeras que te vienen a brindar licencia. Y no puedes dar incentivos nacionales porque va contra los acuerdos comerciales fijados por Ecuador. Se esperaba que el incentivo al software libre sea un proxy a la industria nacional, puesto que se trataría de desarrollo local especializado. Ahora, para que esto sea cierto, se debe tener una buena estrategia.

  2. Vladimir Rodriguez

    Las discusiones acerca de qué es mejor usar: software libre o software comercial, deben ser sustentadas técnicamente y basadas en una política de estado.

    Existen países donde existen ambos modelos, sin limitaciones o con algunas restricciones (Alemania, Rusia), otros en donde organizaciones puntuales hacen uso de software comercial y software libre (NASA), y se podrá citar muchos más ejemplos.

    Si el estado a través del código propuesto quiere garantizar soberanía tecnológica orientada a algo, primero que nada debe hacerse la pregunta:
    ¿existe el conocimiento, la formación profesional y seria, y la experiencia en la Universidad Ecuatoriana para iniciar y sostener este tipo de proyectos?
    ¿existen empresas con la experiencia y trayectoria suficiente, que puedan contratar con el estado, mantenerse en el tiempo, y no desaparecer con el primer contrato fracasado?
    la vinculación Academia, Empresas, Estado, ¿existe?

    Por otra parte, con software libre, se puede garantizar ciertas funcionalidad básicas, con software comercial, funcionalidad avanzada. Sin embargo aquí cabe la pregunta: ¿cuánta de esa funcionalidad es explotada por nuestros usuarios? En la mayoría de los casos, la funcionalidad propuesta por el software libre para herramientas ofimáticas, comunicaciones IP, Mensajería, colaboración, sistema operativo es suficiente.

    Sistemas de propósito específico o sistemas de administración de equipamiento complejo o de tiempo real en software libre no existe. No se puede medir con la misma regla, y comparar una herramienta ofimática, con una herramienta de gestión de maquinaria de una planta de agua potable, o de una central hidroeléctrica.

    La usabilidad es algo importante, ya que al usuario final no le interesa estar atascado en la herramienta que usa para cumplir sus labores diarias. El software libre aún necesita mucho esfuerzo, para hacer que la herramienta cumpla su objetivo real.

    Las personas que desarrollan un proyecto de ley, deben sustentarse en elementos habilitantes para tomar una decisión, y no en criterios bloqueantes, que al ser aprobados sin un análisis técnico, sino político, ocasionarán un daño profundo al país.

    El modelo comercial existe para ambos mundos, sin embargo, si las especificaciones técnicas que se publican para los procesos de contratación, definen claramente lo que se quiere lograr: qué hacer con la herramienta, tendríamos competidores de ambos bandos.

    La experiencia de haber llevado a cabo el proceso complejo de implementación de Software Libre en la Asamblea Nacional, software Comercial en el Consejo de la Judicatura, software desarrollado in-house o combinado en ambas instituciones, conocer la realidad de la academia tanto en lo público como en lo privado, y conocer de cerca a las empresas que desarrollan software comercial y privado, me hace pensar que el código propuesto necesita aun ser discutido y un desarrollo por etapas a largo plazo es lo más racional.

    • Andrés Delgado

      Muchas gracias por tu respuesta Vladimir. Tus preguntas (que me he permitido poner en rojo) son precisamente esas condiciones a las que me refería. La ley, incluso de no tener excepciones, no podría crear esas condiciones de la nada. El Estado necesariamente desobedecería su propia ley para seguir funcionando. Y esto es lo que va a suceder hasta cierto punto. Por lo cual parece prudente establecer planes de migración y límites temporales.

      Agregaría que sin el personal adecuado para tomar estas decisiones técnicas, también hay problemas. Lo otro es que no se puede ignorar la realidad política. Eso sólo se puede hacer cuando uno trabaja en la academia. Muchas empresas privadas, por ejemplo, tienen alianzas políticas con ciertas figuras ministeriales, auspician sus eventos de manera indirecta o les dan rédito político cuando aplican sus proyectos en el país (pensemos en los eventos tipo Smart City de Microsoft o en Free Basics de Facebook). También ciertos servicios ayudan a obtener la simpatía de la gente pese a que técnicamente podrían no ser ideales (como es el caso del zero rating). No se debe asumir que, al momento de tomar decisiones, todas estas relaciones preexistentes serán dejadas de lado para tomar una decisión meramente técnica. Y seguramente esto no se dará solo con empresas de software privativo sino también con empresas de software libre. Es por eso que una ley debe considerar cuestiones técnicas pero también realidades políticas.

¿Y tú qué opinas?